LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA O EL ESTADO POLICIAL DEL PP

Por Isabel Haro Soler

El consejo de ministros, aprobó, el pasado 11 de julio, el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”. Como ya es costumbre, los poderes del régimen utilizan el verano para dar un golpe traicionero a los derechos ciudadanos. Esta vez se trata de coaccionar la alta actividad ciudadana que se viene desplegando en los múltiples movimientos de protesta desarrollados intensamente, día tras día, en todas las calles de las principales ciudades españolas.

Se trata de una nueva agresión a la ciudadanía. No contentos con prevaricar haciendo un uso perverso de su mayoría electoral, y por tanto, instrumentalizando a su electorado, para legislar contra los trabajadores/as, contra los desempleados/as, contra las mujeres, contra los niño/as, contra los adolescentes, contra los estudiantes universitarios, contra los mayores y discapacitados; contra todos y todas; y sólo a favor de las grandes oligarquías financieras y grandes empresarios. El equipo de gobierno de Rajoy, se convierte en servidor y beneficiario de los intereses neoliberales del ciego, sordo y voraz sistema económico capitalista.

Este gobierno, después de maltratar a toda la población, a base de recortes y precarización, ahora también quiere callarnos, reducirnos, acongojarnos con su estrategia del miedo a las multas y las sanciones administrativas. Llevan tres años – largos y angustiosos años para nosotros, los que nos hemos mantenido en la calle incansablemente- desoyendo nuestra voz, impasibles, y, a veces, hasta cruelmente sonrientes, ante nuestra enorme indignación y protesta.

Ahora, en un estoque final de su legislatura, quieren también imponernos una ley represora, que limita el derecho de reunión y manifestación pacífica y espontánea. Sanciona, además, con elevadísimas multas el uso de determinados métodos de protesta pacíficos que venían siendo muy fructíferos como formas de presión ante las instituciones, así como muy eficaces por su vistosidad para generar una sensibilidad ciudadana ante problemas que le afectan directamente y por los cuales luchan todo tipo de activistas sociales (las protestas de Greenpeace, son un buen ejemplo de ello). Además, esta ley otorga a la policía unas facultades excesivas para identificar a los ciudadanos y ciudadanas, pues los habilita para detenernos a los meros efectos de identificación, cuando anteriormente sólo podían retenerte mientras comprobaban tus datos. También sanciona como falta grave lo siguiente: Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, … cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento. En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores. Tomado del proyecto de ley. Así mismo, prohíbe la grabación, por cualquier medio, de los agentes y fuerzas de seguridad.

No es una ley de seguridad, en realidad es una amenaza para la población. Amparada bajo el aspecto de la supuesta legitimidad que le otorga un parlamento tomado por un grupo

político que trabaja intensamente con el fin único de garantizar el statu quo de la clase dominante, la clase empresarial, la casta militar y clerical y la monarquía de este país.

Por todo ello, desde Republicanos de Murcia, rechazamos profundamente esta nueva imposición parlamentaria. Condenamos este proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y avisamos desde aquí que no conseguirán aplacar nuestra indignación ni nuestra rebeldía ante sus continuas políticas castradoras, impositivas, y en definitiva, dictatoriales.

Encontraremos nuevos métodos pacíficos de seguir luchando hasta conseguir poner los bienes comunes al servicio de la mayoría trabajadora, estudiantes, mayores y la ciudadanía general.

UN GOBIERNO QUE TIENE QUE RECURRIR AL USO DE LA AMENAZA Y EL MIEDO PARA SEGUIR IMPONIENDO SUS ANIQUILADORAS POLÍTICAS HA PERDIDO TODA LEGITIMIDAD Y SI NO DIMITE O SE DISUELVE POR COHERENCIA Y HONESTIDAD DEBE SER EMPUJADO PACÍFICAMENTE POR LA CIUDADANÍA FUERA DEL PODER.

Es el momento, entonces, para que generemos un vínculo de unión y fuerza entre todos los grupos sociales, personas a título individual y los partidos rupturistas con del régimen del ’78, capaz de ganar para nosotros los bienes comunes que nos pertenecen, administrándolos nosotros de un modo más directo y por medio de los mecanismos que genera una DEMOCRACIA REAL Y PARTICIPATIVA.

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