¡No habrá cambio sin libertad!

Artículo del compañero Raúl Requejo

Imagen de Arnaldo Otegi en su salida de la carcél de Logroño

Imagen de Arnaldo Otegi en su salida de la cárcel de Logroño

Ayer fue puesto en libertad Arnaldo Otegi, después de pasar casi seis años y medio en la cárcel por tratar de profundizar en el proceso de paz del País Vasco sin dejar de pedir la independencia de éste respecto al Estado español, por arriesgar por la paz y la democracia, por apostar por la palabra cuando parecía que nadie lo hacía. Puesta en libertad que celebramos pues nadie debería ser privado de su libertad por defender sus ideas políticas, lo que en este país ocurre más a menudo de lo que conocemos.

Hoy ha salido de la cárcel un preso político decía el propio Otegi. Sin embargo son muchos los presos y presas políticos, la mayoría anónimos, que siguen en las cárceles españolas.

Con la llegada del PP al gobierno en 2011 el endurecimiento de la legislación para criminalizar la protesta social ha sido directamente proporcional a las políticas de austeridad y de recortes en materia laboral y social impuestos por el gobierno en forma de recortes de servicios públicos (especialmente en sanidad y educación) y de precarización laboral.

Al tiempo que crecía la movilización social para protestar contra los recortes y en defensa de los derechos conquistados tras largas y duras luchas, y que se están perdiendo a golpe de decreto, crecía la represión y la persecución contra esa movilización social. El gobierno del P.P, con la complicidad de los medios de comunicación, ha llevado a cabo una campaña para desprestigiar y criminalizar la protesta social, tachando cualquier movilización o manifestación, de violenta o directamente de terrorista. Ante el temor, por parte del gobierno y de la élite empresarial, de la cada vez mayor capacidad de organización de las clases populares y de la clase obrera, pues había pasado de reivindicar cuestiones sectoriales y concretas a apuntar directamente a la necesidad de la conquista de las instituciones para ponerlas al servicio de la mayoría social y no de una élite económica. Para conseguir ese objetivo de criminalizar la protesta social ha impuesto una reforma legislativa regresiva como es la reforma del código penal, la reforma de la ley de enjuiciamiento, y la nueva ley de seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, con el propósito de reprimir y perseguir cualquier atisbo de crítica a su nefasta gestión.

Esto ha tenido como consecuencia el endurecimiento y aumento de las cuantías por multas y sanciones a manifestantes, un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas en su mayoría pacificas, un uso arbitrario del material antidisturbios, identificaciones masivas y aleatorias, así como una impunidad policial al ser indultados policías condenados por torturas.

En un informe Amnistía Internacional dice que el gobierno ha reducido el derecho a los Derechos Humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación, de expresión, y los rebaja en contra de las normas y Derechos Humanos y obligaciones internacionales que España ha firmado y ratificado.

Los portavoces de los distintos partidos del régimen escandalizados por las palabras de Otegi se han apresurado a decir que en España no hay presos políticos. Lo que debería de ser cierto en un verdadero estado democrático y de derecho como se pretende hacernos creer que es este. Sin embargo la realidad es bien distinta. Desconocemos la cantidad real de presos y presas políticas que existen en las cárceles de nuestro país, pero sabemos bien que existen. Hace poco eran detenidos varios miembros de una organización comunista acusados de terrorismo, a los que hay que sumar los miembros de otras organizaciones comunistas que ya estaban en las cárceles, además de los hombres y mujeres detenidos en manifestaciones, parando desahucios, etc. Son más de trescientos los y las sindicalistas que encausados, y a quien se les pide años de cárcel, por ejercer su derecho a la huelga. Todos ellos héroes anónimos. Un ejemplo, bien conocido, es el de Alfon encarcelado por un montaje policial.

Los presos políticos en España, lejos de no existir, sufren un régimen penitenciario excepcional que incluye aislamientos, comunicaciones restringidas e intervenidas, visitas controladas y limitadas, distintas formas de torturas, etc.

La falta de libertades y la represión ejercida por el gobierno hacia la protesta social y política es un hecho tan evidente que hasta el informe de julio de 2015 de la ONU le saca los colores al gobierno español, instando a revisar de inmediato la ley mordaza puesto que preocupa al comité el efecto disuasorio que pueda tener en el ejercicio de la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacifica. Esta ley junto con la reforma del código penal implica un uso excesivo de las sanciones administrativas y excluye ciertas garantías judiciales.

También ayer se iniciaba la primera sesión de investidura de esta nueva legislatura que se autoproclama del cambio. En su discurso Pedro Sánchez repetía una y otra vez, haciendo guiños a izquierda y derecha, que el suyo sería el gobierno del cambio. Durante la, ya lejana, campaña electoral la mayoría de partidos en liza, especialmente los emergentes, se autoproclamaron el partido del cambio. Cosa que viene ocurriendo campaña tras campaña desde el inicio de esta nueva etapa pseudodemocrática. No hay más que hacer una búsqueda en google para conocer los lemas de los distintos partidos durante las campañas electorales y en todas ellas, cuando no uno otro, utilizaban como mantra la palabra cambio. ¡Hasta Suarez en su investidura habló de cambio!

Ahora bien, lo que está claro es que, ningún gobierno, sea del color que sea, e independientemente de la mezcla de ingredientes con el que se cocine, puede autoproclamarse gobierno del cambio mientras no existan garantías que permitan ejercer los más elementales derechos de libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación, etc.

Ningún gobierno podrá autoproclamarse gobierno del cambio mientras no haya una amnistía social que suponga la libertad de los hombres y mujeres presas por defender los derechos de la mayoría trabajadora en huelgas, manifestaciones, parando desahucios; la eliminación de los procesos y expedientes sancionadores y la derogación de las conocidas como Leyes Mordaza.

Ningún gobierno podrá autoproclamarse gobierno del cambio mientras existan presos y presas políticas en nuestras cárceles. Mientras se persiga y condene a sindicalistas y activistas sociales.

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