República en Marcha (REM) ante las elecciones del 26J

logo generalEl acuerdo electoral Podemos-Izquierda Unida declara la intención de una tímida intervención Estatal en dos sectores estratégicos: energéticos -incluyendo eléctricas-, y bancario, con la creación de una banca pública a través de Bankia, Banco Mare Nostrum, e ICO. Ello junto con una renta garantizada de 600 € para los hogares con pobreza monetaria, un salario mínimo de 800 euros a mitad de legislatura y de 900 € para 2019, la paralización de los desahucios por motivos económicos, establecimiento de un mínimo vital para el suministro eléctrico, reducción del IVA para productos alimentarios, sanitarios y otros de primera necesidad, derogación de las últimas reformas laborales y de pensiones, racionalización de las cuotas a la Seguridad Social para autónomos y pequeñas empresas. Complementado todo ello con la manifiesta voluntad de acabar con el fraude fiscal, fortalecer los servicios públicos, favorecer la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares, una no especificada nueva política educativa, la extensión de la sanidad para inmigrantes, “atención a la dependencia”, diversas medidas ecológicas y protección del medio ambiente, igualdad de género y diversidad sexual, así como otras de carácter social y democrático como por ejemplo el “cierre constitucional de las puertas giratorias”, “referéndum ciudadano para la revocación del gobierno en caso de incumplimiento del programa electoral”, derogación de la ley mordaza”, reconocimiento del derecho a decidir, celebración de un referéndum en Catalunya, recuperación de la memoria histórica y “reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo”, compromiso con el Sahara, y reconocimiento del Estado palestino.

Por el contrario falta la necesaria intervención del Estado en la economía, la mención a su inversión directa en la creación de empleo e  industrialización del País, cuyo protagonismo se entrega a la iniciativa privada. Contentándose con declarar generalidades y lugares comunes machaconamente repetidos a izquierda y derecha, diciendo que se pretende un “Nuevo modelo productivo, política industrial e I+D+I. Fijar como objetivo que la inversión nacional en I+D+I se sitúe en el 2% del PIB”.

Todas estas propuestas, -en principio- parecen partir de la conformidad con la pérdida de soberanía nacional y el tutelaje de los grandes capitales de la Unión Europea  al pretender su visto bueno negociado mediante “Reforma de la gobernanza económica en la EU” y “Una conferencia Europea de la Deuda”. Deuda que se sabe generada en gran parte por los bancos privados, y se supone, que también es fruto del favoritismo hacia las grandes empresas.

Si ignoramos  el análisis socio-político en un momento concreto, no podemos dejar de decir que los 50 puntos del acuerdo entre Podemos e IU es un conjunto de medidas y declaraciones de intenciones compatibles con el dominio económico y político de la oligarquía en España, a la que se invita a hacer pequeñas concesiones.

Al igual que la siembra hay que hacerla en su época del año, una propuesta política hay que darla cuando existen condiciones para su desarrollo y crecimiento, y en estos momentos la tendencia del capitalismo a nivel mundial ahora, no es la de hacer pequeñas concesiones para apaciguar la ira de las masas, sino la de recomponer su crecimiento económico a costa de la pérdida de derechos sociales y la directa disminución de los ingresos económicos de los trabajadores, y la mayoría social. Es por ello que ahora las movilizaciones populares son de resistencia y defensivas contra los retrocesos de las condiciones de vida y trabajo; sin engendrar todavía una ruptura con la ideología de la clase dominante que ponga en peligro el sistema en su conjunto.

De todas formas, a pesar de los limites de este acuerdo, una sombra difuminada contra la hegemonía de la oligarquía se sugiere en su punto 27: “Cambio constitucional: Apertura de un debate ciudadano orientado a discutir el inicio de un proceso de cambio constitucional capaz de modificar los marcos económico, social, político, territorial e institucional definidos en el texto de 1978. Convocatoria, al amparo del artículo 92.1 de la Constitución Española, de un referéndum consultivo para iniciar ese proceso.”

Con todo, este acuerdo identifica los problemas que afectan a la mayoría de la población, y sitúa aproximadamente los campos inmediatos de lucha y presión popular y podría representar un  avance para los sectores populares si sirve para estimular la movilización, organización, y protagonismo social antes y después del 26 de Junio. El acuerdo será útil para la mayoría ciudadana, si favorece la creación de contrapoderes sociales capaces de fiscalizar y sitiar la actuación de cualquier gobierno. Si hace posible que gracias a la presión y participación, en las calles y en las urnas, se pueda quebrar la resistencia que la oligarquía opone y opondrá a cualquier pequeña concesión.

Se trata por ejemplo de cosas tan concretas –entre otras-, como que la  PAH y  la movilización popular obligue a sobrepasar el objetivo de “renegociación de la deuda hipotecaria” para que sea obligatoria a petición del interesado y se efectué en todos los casos a partir del precio actual de las viviendas. Se trata de que la comunidad educativa, mareas verde, blanca, y sociedad movilizada, obliguen a concretar la “derogación de la LOMCE” con una nueva expansión de la escuela pública y frenen los recortes en sanidad. Se trata, de que la presión obrera acompañe la “derogación de la reforma laboral”, fuerce la intervención del Estado en economía, y de lugar a una expansión salarial que a la vez que favorece el aumento de la capacidad adquisitiva, presione contra el paro, los contratos precarios y la miseria. Se trata de que las movilizaciones de las Marchas por la Dignidad obliguen a ejecutar y ampliar la protección social, pongan fin a los recortes sociales pedidos por Bruselas; de que los sectores populares movilizados hagan que ese objetivo de renegociar la deuda pública en la UE sea acompañado de la reivindicación de la soberanía económica y política frente a la Europa de los grandes capitales para impedir el pago de una deuda ilegitima. Se trata de que el nivel de movilización social haga posible que ese debate sobre el modelo económico, social, y político, abra un proceso constituyente que acabe con la constitución monárquica del 78, diseñada para servir de cobertura legal al modelo económico, social y político de la minoría oligárquica. Se trata en definitiva, de considerar motores de cambio a lo social y la calle, y lo institucional, su reflejo. Se trata de que de la organización de la defensiva, pasemos a la organización de la ofensiva

Por el contrario, si las ansias de libertad e igualdad de buena parte de nuestro pueblo quedan recluidas solamente en lo institucional, para ceder la gestión de sus asuntos a la habilidad política y negociadora de unas honradas cabezas pensantes, les estaremos obligando a ser unos meros encauzadores del descontento social hacia las normas y reglas de juego impuestas por la oligarquía; condenados a ser la impotente protesta legitimadora del sistema, e invitados a cumplir el papel de reserva  a utilizar cuando peligre la legalidad de oligarquía.

A pesar del riesgo de que resulte un intento fallido de crear contrapoder social y popular, vale la pena apostar e implicarse por el avance electoral de Unidos Podemos, e intentar que éste sea una expresión de la participación y protagonismo popular para que sobre ellas se den pasos para construir una alternativa global al sistema.

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Una respuesta

  1. paco

    Demasiado largo el articulo. No empecemos a quemar la gente con muermos politicos.

    mayo 21, 2016 en 7:27 am

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